El pasado 2 de agosto entró en vigor en la Unión Europea un pilar clave del nuevo Reglamento de Inteligencia Artificial (RIA). Por primera vez, los grandes modelos de IA como ChatGPT, Gemini o Claude estarán obligados a rendir cuentas sobre cómo se entrenan y con qué datos. Una decisión histórica que pone sobre la mesa una pregunta urgente: ¿quién controla la tecnología que lo está transformando todo?
Derechos de autor, transparencia y desinformación: lo que exige la nueva norma
Desde esta semana, los proveedores de modelos de propósito general (GPAI, por sus siglas en inglés) deberán:
- Publicar documentación técnica detallada sobre el funcionamiento de sus sistemas.
- Informar del origen, fuente y fecha de los datos empleados en el entrenamiento.
- Respetar la legislación europea en materia de propiedad intelectual.
- Colaborar con la nueva autoridad comunitaria (AI Office), encargada de supervisar el cumplimiento, auditar modelos y, si es necesario, imponer sanciones.
Por qué esto afecta directamente a los medios
Durante años, las grandes tecnológicas han entrenado sus sistemas con contenido extraído sin permiso: artículos de prensa, imágenes de agencias, entrevistas completas. Todo sin preguntar, sin citar y sin pagar. El nuevo reglamento europeo pone límites a estas prácticas y refuerza el derecho de los medios a decidir sobre el uso de sus contenidos. Si un editor ha reservado expresamente sus derechos —como permite la Directiva europea 2019/790—, cualquier uso por parte de una IA deberá contar con su autorización.
No importa dónde se haya entrenado el modelo: si opera en Europa, tendrá que respetar esta norma. Se trata de un cambio estructural que permite a los medios reclamar compensaciones económicas y bloquear usos abusivos.
Etiquetar lo falso, proteger lo real
El reglamento también obliga a que los contenidos generados artificialmente estén debidamente etiquetados. Es decir: que los deepfakes y los textos sintéticos no puedan pasar por reales sin control. Esta medida no solo protege a los lectores, sino que da a los medios nuevas herramientas para combatir la desinformación y verificar con mayor agilidad.
Además, reconoce que los grandes modelos de IA pueden generar riesgos sistémicos para la democracia, la seguridad o la economía. Por eso, introduce obligaciones adicionales: evaluaciones de impacto, informes periódicos de transparencia y notificación de incidentes graves.
Cada vez más medios utilizan herramientas de IA en sus rutinas. Saber cómo funcionan, qué sesgos arrastran y con qué datos se entrenan no es una curiosidad técnica, sino una exigencia ética y profesional. Esta legislación abre por fin una puerta a una IA auditable, comprensible y alineada con los valores del periodismo.
