Desde el 8 de agosto de 2025 ha entrado en vigor en todos los Estados miembros de la Unión Europea el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, conocido por sus siglas en inglés como EMFA (European Media Freedom Act).
Se trata de un reglamento comunitario de aplicación directa, lo que implica que no necesita ser adaptado por los países mediante leyes nacionales, y que será obligatorio en todos sus elementos desde su entrada en vigor. A diferencia de una directiva, no requiere una transposición, por lo que los Estados deben cumplirlo tal cual ha sido aprobado por las instituciones europeas.
La normativa reconoce el papel esencial que desempeñan los medios de información en una sociedad democrática, como formadores de opinión pública y garantes del Estado de derecho. Por ello, establece un conjunto de principios y obligaciones tanto para los medios como para los Estados y las grandes plataformas, con el objetivo de equilibrar el ecosistema informativo europeo y reforzar su independencia frente a presiones políticas o económicas.
Uno de los elementos más novedosos de la EMFA es su enfoque hacia las grandes plataformas digitales. Complementando el Reglamento de Servicios Digitales (DSA), la ley impone nuevas obligaciones a las redes sociales y otros servicios de gran alcance que actúan como intermediarios en la distribución de contenidos. Estas plataformas deberán facilitar a los medios canales de comunicación directos y eficaces, y no podrán restringir la visibilidad de sus contenidos sin antes informar de los motivos y ofrecer al medio afectado la posibilidad de responder o apelar la decisión.
También establece la creación del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, que sustituye al anterior Comité de Medios Audiovisuales. Este nuevo organismo, ya constituido en febrero de 2025, está formado por representantes de las autoridades nacionales reguladoras y tiene como misión asesorar a la Comisión Europea, coordinar políticas entre los Estados y emitir dictámenes sobre medidas que puedan afectar a la libertad y pluralismo informativo en el conjunto de la Unión. En su primera sesión plenaria en febrero, fue elegido como presidente del Comité el español Carlos Aguilar Paredes, miembro del consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), mientras que la neerlandesa Amma Asante fue designada vicepresidenta.
